¿Podría el Sevilla rescindir unilateralmente el contrato de Rafa Mir si es condenado?
El delantero tiene contrato con el Sevilla hasta 2027
La Fiscalía pide diez años de cárcel para Rafa Mir
A última hora de este jueves se conoció que la Fiscalía ha propuesto diez años de prisión para Rafa Mir, jugador del Sevilla FC que se encuentra esta temporada en el Elche CF. El delantero murciano está acusado como presunto autor de una agresión sexual que se llevó a cabo en sus primeras semanas en el Valencia CF, y se encuentra ante un lío importante que podría llevar incluso a la extinción de su contrato.
Rafa Mir fue procesado por un delito de agresión sexual con acceso carnal y empleo de violencia. Al futbolista se le impuso una fianza de 12.500 euros para hacer frente a una eventual condena, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. Está pendiente de señalamiento de juicio, pero el fiscal ya ha emitido su escrito y ha pedido una pena de diez años y medio para el delantero.
Así las cosas, el Sevilla permanece muy atento debido a que el jugador sigue siendo de su propiedad, y lo será hasta junio de 2027, aunque el Elche puede ejecutar una opción de compra por él a final de temporada. Monchi le firmó un contrato de seis años cuando fue fichado en 2021, justo después de los Juegos Olímpicos de Tokio, y aunque el futbolista no empezó mal, poco a poco su rendimiento fue decayendo, hasta el punto de acabar saliendo como cedido los dos últimos veranos, con las puertas cerradas del club de Nervión.
¿Puede el Sevilla rescindir a Rafa Mir?
Esa es la pregunta que se hacen muchos sevillistas, ya que el delantero es uno de esos jugadores que se llevan buena parte del coste de plantilla de la entidad sin aportar sobre el terreno de juego. La pregunta se responde con una cuestión de tiempo, pues teniendo en cuenta cómo marcha la justicia en España, es prácticamente imposible asegurar que haya sentencia firme antes de que acabe contrato en 2027.
Con todo, hay un caso muy similar al de Rafa Mir que siente jurisprudencia. El de Santi Mina, jugador al que el Celta rescindió cuando era una de las grandes perlas de la cantera y empezaba a despuntar en el primer equipo.
En un primer lugar, el Celta lo apartó del equipo en mayo de 2022 y buscó rescindir su contrato cuando fue condenado por la Audiencia Provincial de Almería en primera instancia por un caso de abuso sexual, cometido en Almería en 2017 cuando era jugador del Valencia. El delantero intentó forzar su reincorporación mediante burofax, pero el club vigués acabó cediéndole al Al Shabab.
Finalmente, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía confirmó la condena de cuatro años de prisión, cinco años de libertad vigilada y orden de alejamiento. Tras esta sentencia firme, el Celta anunció en agosto de 2023 la rescisión unilateral del contrato del jugador, que expiraba en 2025. “Esta decisión, que cuenta con el decidido respaldo de LaLiga, refrenda sin ningún tipo de duda la postura inicial del club, ya que desde el primer día la entidad celeste subrayó que los valores del RC Celta están por encima de todo y que el club los defendería hasta las últimas consecuencias, incluidas las repercusiones que pudiera tener en la planificación deportiva”, emitía el Celta en un comunicado.
Santi Mina está sin equipo desde entonces, recurrió al Tribunal Supremo y la ejecución de la sentencia se encuentra en suspenso, a pesar de que la acusación pide el ingreso en prisión inmediato ante el riesto de que fiche por un equipo extranjero.
El caso de Dani Alves
Fuera de España aunque con relación con el Sevilla, está el caso de Daniel Alves, rescindido por los Pumas mexicanos seis meses después de su fichaje. El brasileño fue detenido y estuvo once meses en prisión provisional por un presunto delito de agresión sexual, pero en marzo de 2025, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña decidió por unanimidad su absolución.
No obstante, el TAS condenó al jugador a pagar 2.2 millones de dólares a Pumas por la rescisión de contrato que tuvo en 2023, después de que el club apelara una resolución de la FIFA que daba la razón al futbolista. Pumas reclamaba al futbolista brasileño una suma de cinco millones de dólares libres de retención y gravamen, más el reembolso de 1,12 millones de dólares por el segundo pago de derechos de imagen que realizó el club días antes de que estallara el escándalo legal.
