La ley permite instalar un cargador eléctrico para el coche sin pedir permiso la comunidad de vecinos

La movilidad eléctrica ya no es una tendencia futura. Es una realidad. Las grandes ciudades restringen el acceso a los vehículos más contaminantes. Las zonas de bajas emisiones se multiplican. Y cada vez más conductores apuestan por un coche eléctrico o híbrido enchufable. Pero hay una pregunta clave. ¿Qué pasa si vives en un edificio con garaje comunitario?

Muchos propietarios creen que necesitan la aprobación de la comunidad. No es así. La Ley de Propiedad Horizontal (LPH) reconoce el derecho a instalar un punto de recarga individual. Y lo hace de forma explícita. Siempre que el cargador se ubique en una plaza de garaje privada, no es necesaria ninguna votación.

Solo hay un requisito: comunicárselo al presidente

El procedimiento es sencillo. Solo se exige una comunicación previa por escrito al presidente de la comunidad. Nada más. No hay que esperar acuerdo en junta. No se requiere mayoría. Es un derecho individual del propietario. Una medida pensada para facilitar la transición energética.

La interpretación no deja margen a dudas. Incluso el Tribunal Supremo ha confirmado que no hace falta autorización, aunque el cableado atraviese zonas comunes del edificio. La clave está en el uso exclusivo. Si el cargador abastece únicamente a un vehículo concreto en una plaza determinada, la comunidad no puede impedirlo.

Eso sí. El derecho viene acompañado de responsabilidades. El interesado debe asumir todos los costes de instalación y el consumo eléctrico. Además, la instalación debe cumplir el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Es imprescindible que la realice un profesional autorizado.

Distinto sería el caso de una instalación colectiva. Si el punto de recarga está destinado al uso general de los vecinos, entonces sí es obligatorio aprobarlo en junta. En ese escenario, los gastos se reparten según lo acordado. Y el mantenimiento también pasa a ser comunitario.