Un abogado con despacho en Valencia ha presentado una querella penal ante el Tribunal Supremo por un supuesto delito de prevaricación administrativa contra el ministro de Sanidad, Salvador Illa, por haber impedido que la Comunidad Valenciana en su totalidad entrase en la fase 1 de la desescalada a pesar de "cumplir con los requisitos para ello".
En esta querella, presentada por el letrado Luis Vericat, a la que ha tenido acceso EFE, se subraya la "urgencia de investigar los hechos" ante la posibilidad de que haya territorios que han pasado a la fase 1 sin cumplir los requisitos establecidos o en una situación peor a la de la Comunidad Valenciana, porque "el riesgo para la salud y la vida de las personas estaría en juego".
En la misma se expone que la Generalitat Valenciana solicitó hace unos días al Gobierno de España la entrada en la fase 1 de la desescalada para toda la Comunidad Valenciana y que, desde la propia Generalitat y desde la Conselleria de Sanidad se anunció que toda la región "cumplía de sobra con todos los requisitos exigidos por el Ministerio de Sanidad".
En este relato de hechos se incluye que el pasado 8 de mayo el ministro de Sanidad anunció finalmente que únicamente 10 de los 24 departamentos de salud en los que se divide la Comunidad Valenciana pasarían a la fase 1 de la desescalada.
Ximo Puig y Ana Barceló le inspiraron contra Salvador Illa
El abogado querellante entiende que de las declaraciones posteriores a esta decisión del president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, y de la consellera de Sanidad, Ana Barceló, se desprende que la decisión del ministro se ha adoptado de manera "totalmente arbitraria y a sabiendas de que era injusta".
Por todo ello, el letrado Luis Vericat reclama que "si realmente toda la Comunidad Valenciana está preparada para pasar a la fase 1 debería acordarse cuanto antes para evitar perjuicios económicos y la limitación de derechos fundamentales".
En la querella se interesa que se tome declaración al querellado, Salvador Illa, y también, en calidad de testigos, al president Ximo Puig; a la consellera de Sanidad, Ana Barceló; al director del Centro de Coordinación y Alertas, Fernando Simón; y "a todas las personas que han intervenido en la decisión del ministro", motivo por el cual reclama su identificación.
