El exregatista olímpico y exedil Sánchez Luna declara por un delito fiscal
El exregatista olímpico y exedil del Ayuntamiento de Alicante por el PP Francisco 'Kiko' Sánchez Luna ha prestado hoy declaración como imputado por un presunto delito fiscal cometido supuestamente con la importación de teléfonos móviles de alta gama, según han informado fuentes próximas al caso.También han comparecido bajo la misma condición de sospechosos por este supuesto fraude dos de sus hermanos y su padre, que fueron detenidos junto a él en marzo del pasado año en una operación conjunta de la Agencia Estatal Tributaria, la Policía Nacional y la Guardia Civil, que se saldó con una decena de arrestos.
Sánchez Luna, que fue oro en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 en la clase 470, y sus familiares están acusados de defraudar el IVA con la importación de teléfonos de alta gama de Francia, Alemania y Reino Unido que supuestamente iban destinados al mercado argelino, adonde llegaban ilegalmente a través de los ferris que unen la ciudad de Orán y el puerto de la capital alicantina.
Un juzgado de Alicante mantiene abierta la investigación por presuntos delitos contra la Hacienda Pública, pertenencia a organización criminal y falsedad documental a raíz de la querella presentada en su día por la Fiscalía contra ocho implicados y cinco sociedades.
Según las fuentes consultadas, se trata de la primera declaración judicial que prestan los sospechosos en sede judicial, después de que fueran interrogados por las fuerzas de seguridad en su día y quedaran en libertad.
En esta comparecencia, el exconcejal ha sostenido que desconocía cómo se desarrolló la importación de los teléfonos y que se hubiera utilizado para ello una mercantil de la que él es socio, según las mismas fuentes.
Por su parte, uno de sus hermanos ha descargado la responsabilidad sobre la forma en que se llevó a cabo la operación mercantil en su padre, han señalado las citadas fuentes.
No es el único asunto judicial que afecta al exdeportista olímpico Sánchez Luna, quien se encuentra a la espera de sentencia en la sección décima de la Audiencia de Alicante en relación con la adjudicación de un contrato para el diseño y rotulación de telecentros que firmó cuando era concejal de Modernización de Estructuras Municipales.
El juicio por estos hechos, ocurridos en 2008, se celebró el pasado mes de febrero y la Fiscalía Anticorrupción solicitó para el exedil una pena de cinco años y medio de cárcel y veintidós años y medio de inhabilitación para cargo público por delitos de falsedad documental y cohecho en concurso con delitos de prevaricación y malversación.
