PNB solicita la remoción de Estepa como administrador judicial

La Asociación de Béticos de Base Por Nuestro Betis (PNB), ha presentado un escrito en el juzgado para hacerle llegar a Mercedes Alaya su disconformidad y preocupación por la situación que está viviendo el Betis a día de hoy. En el escrito, además, se solicita la remoción de Francisco Estepa como administrador judicial y su sustitución por una persona que reúna los requisitos que entienden adecuados.

PNB dice dirigirse a la juez Mercedes Alaya “por nuestra hondísima preocupación ante la desastrosa deriva en la que la que la actual dirección tiene sumido al Real Betis Balompié SAD, club que, a raíz de lo dispuesto en diversos autos dictados por el Juzgado las diligencias previas de las que trae causa el presente sumario, y a instancia entre otros de esta parte, está desde hace años bajo administración judicial”. Y expone:
-En el plano deportivo, que es evidentemente la esencia del manejo del club, la caótica gestión ha llevado a todas sus categorías a mínimos históricos, lastrando muy peligrosamente su presente y su futuro, con unas tristísimas perspectivas de aporte de su cantera y una absoluta descapitalización en lo tocante a sus activos en fichas federativas de futbolistas transferibles, entre otros muchos perjuicios.  -En relación con la gestión económica no se satisfacen del todo las solicitudes de información a los accionistas del modo en que entendemos que sería deseable por una administración judicial.  La suma de lo antedicho y de los más diversos desatinos en el devenir cotidiano del club, unidos a la inexistencia de una verdadera política social y de diálogo como sería de esperar en una entidad de tal relevancia pública, están provocando en la masa social un profundo desconcierto, enorme indignación, división y radicalización, amenazando con acabar generando un triste y paradójico clamor contra las medidas mismas que en principio se plantearon para su protección.  Segunda.-Ninguna de las circunstancias lesivas que tienen sumido en un profundo pozo al club que aglutina a una de las cinco mayores aficiones del fútbol español, reseñadas o no en el sucinto esbozo de los párrafos previos, es achacable a elementos azarosos o factores externos, sino que solo se explican por una pésima gestión de la entidad, sin que esto suponga, por supuesto, un juicio acerca de la intencionalidad de los administradores, sin posible paliativo, solo comprensible si se considera hecha desde el desconocimiento absoluto, el desinterés por la esencia de lo custodiado e incluso importantes dosis de desdén hacia los interesados. En suma, de mantenerse las líneas de actuación hoy en curso, tememos abiertamente por la pervivencia del RBB SAD y, en consecuencia, no podemos dejar de señalarle lo siguiente sobre el desempeño de las labores de administración judicial:  1) A nuestro parecer, resulta evidente que la intervención ejercida sobre el paquete accionarial mayoritario ha ido “perdiendo calidad” a lo largo de los años en los que ha regido. Su reducción a un solo mandatario estuvo, al menos en parte, amparada en la presunta garantía que entonces debía suponer la presencia de los administradores concursales (cuya relación con la entidad, no obstante, ha acabado tristemente siendo también causa de diligencias penales), pero los acontecimientos posteriores fueron haciendo patentes los riesgos de la concentración de poder en una sola persona ajena al fútbol y al Betis, que se dotó de un consejo de administración por completo extraño al accionariado y la afición y más dado al lucimiento social que al control de la gestión, e hizo y deshizo a su antojo con las consecuencias de todos conocidas.  2) El papel del actual administrador judicial, se viene caracterizando por combinar, en general acrecentados, todos los aspectos negativos de la gestión anterior, con un grado de conocimiento de la entidad, su entorno y su campo de actividad aún menor, una voluntad de diálogo bastante inferior y un nivel de dedicación a su cometido muy por debajo del de su predecesor.  3) Nada se ha avanzado en materia de transparencia, quedando por aclarar en su debido desglose y contenido mucha información económica, pese a haberse preguntado con detalle en Junta de Accionistas, lo que nos ha llevado a presentar en el registro de la sociedad la solicitud de la que adjuntamos copia y que da buena idea de la cantidad de dudas que para los accionistas de la SAD, sus legítimos dueños, mantiene vivas un nivel de información inferior al que se hace público en canales abiertos por otras clubes no intervenidos o, para mayor estupefacción, que el que ofrecía en junta el consejo regido por el imputado principal de esta causa.  4) Su marcada ausencia, y la conservación y empoderamiento de algunos de los miembros más grises, distantes de la realidad bética y ajenos a sus intereses del ya gris, distante y absolutamente ajeno a los titulares y fieles del club consejo de administración precedente, han llevado a la entidad a un descabezamiento absoluto, tanto de cara al exterior como en su propio devenir interno, como bien señala su triste deambular en todos sus ámbitos de actividad, sin que parezca haber intención alguna de dar voz y aceptar consejo de los accionistas.  Muy en particular, tenemos que destacar el trato dispensado al pacto de sindicación de acciones que esta asociación aglutina: se ha recurrido, el pasado 8 de Octubre, a cursar a D. Francisco Estepa mediante Burofax petición para mantener un encuentro entre representantes de “Por Nuestro Betis” y él mismo del que unimos copia, y al que, el día 14 de Octubre, ha dado la sorpresiva respuesta cuya copia igualmente unimos y que describe nítidamente su actitud. Por todo lo expuesto, en cumplimiento del mandato de defensa del Real Betis Balompié, sus accionistas minoritarios y sus aficionados de base que nos da sentido, tenemos que solicitarle un completo replanteamiento de la administración cautelar, a fin de que ésta pueda cumplir cabalmente su fin único: la protección de la entidad lesionada y de los accionistas minoritarios damnificados. A tal efecto, y a tenor de la experiencia adquirida en el ya dilatado periodo de administración judicial, planteamos al Juzgado las siguientes consideraciones:      a) Entendemos que, ante tamaña situación, la solución más plausible la aporta la piedra angular y simple lógica de las sociedades de capital: el gobierno de los accionistas. Esta fórmula universal, garantiza que los gestores estén movidos por un interés en la sociedad que no puede ser espurio sino por naturaleza coincidente con el de la sociedad misma, en el sentido de verse proporcionalmente beneficiados por su buena marcha y en la misma medida perjudicados por su fracaso; a ello se suma la representatividad que ostentan y la razonable presunción de un mayor conocimiento del club del que vienen siendo dueños.     b) Sin embargo, han sido precisamente los titulares del capital social que goza de sus derechos políticos los grandes ausentes de la administración de la entidad, pese a que en el RBB SAD, y descontado el paquete mayoritario tutelado, son muchas las acciones restantes, perfectamente capaces de proporcionar salidas consensuadas a la entidad, y muchos los accionistas que las titulan, de entre los que sin duda pueden fraguar consejos de administración compuestos por personas capaces y verdaderamente comprometidas con el club. Es por todo ello que solicitamos del Juzgado que establezca una fórmula de intervención del paquete accionarial titulado por FARUSA que, en cuanta medida sea posible, atribuya la capacidad decisoria en la gestión de la entidad a la nutrida masa accionarial en pleno ejercicio de derechos. Si bien estamos convencidos de que es de este modo como mejor se asegura la administración fiel y la cuidadosa custodia del bien contencioso, quedando pues con ello mejor resguardadas las responsabilidades de cuantas personas hayan de rendir cuentas por su evolución, no nos cabe duda de que el Juzgado sabría articular un mecanismo interventor que vigilara y controlara esa gestión, con las habilitaciones y el alcance que determine, sin necesidad de que se siga reservando para sí y en exclusiva la designación del consejo de administración.  Subsidiariamente, si esta solución, que a nuestro entender es la más adecuada y la que más garantías ofrece para su enmienda, no fuera admisible por el Juzgado por considerar imprescindible mantener la figura de una administración judicial con el control absoluto de los órganos de administración de la sociedad, solicitamos, con la sentida urgencia que creemos exigen las circunstancias, proceda a la remoción de Don Francisco Estepa Domínguez como administrador judicial de las acciones tituladas por FARUSA, y a su sustitución por persona o personas que reúna los requisitos mínimos de dedicación, interés, talante dialogante y conocimientos para que cesen y no se repitan las circunstancias que tanto perjuicio están causando al RBB SAD.  Por lo expuesto, SUPLICA AL JUZGADO, que tenga presentado este escrito con sus copias y los documentos que se adjuntan, por formuladas las anteriores alegaciones y que, por su virtud acuerde la modificación de la medida cautelar en el sentido interesado en la alegación tercera o, subsidiariamente, acuerde la sustitución del administrador judicial de las acciones tituladas por FARUSA por persona idónea para ello.