Abogacía del Estado pide 2 años para Bartomeu y 6 para Rosell

La Abogacía del Estado ha pedido una pena de 2 años y 3 meses de cárcel para el presidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, y de 6 años y 9 meses para su predecesor en el cargo, Sandro Rosell, por delitos fiscales en el fichaje del brasileño Neymar.

Según han informado a Efe fuentes jurídicas, la Abogacía pide en su escrito de acusación, remitido a las partes, la misma pena carcelaria que reclamó la Fiscalía para Bartomeu, por el mismo delito fiscal correspondiente al año 2014.  Sin embargo, rebaja en 9 meses la pena que pidió el fiscal para Rosell, de 7 años y 3 meses a 6 años y 9 meses, al acusarle, al igual que la Fiscalía, de dos delitos fiscales de 2011 y 2013, pero no de un delito societario, ya que no está legitimado para ello.  La Abogacía, en representación de la Agencia Tributaria, también acusa en su escrito al Barcelona como persona jurídica por tres delitos fiscales por los mismos tres años (2011, 2013 y 2014) y reclama asimismo al club que pague a Hacienda 11,4 millones en concepto de indemnización por responsabilidad civil.  Mantiene las multas reclamadas por la Fiscalía para los tres acusados: 22,2 millones de euros al Barcelona, 25,1 millones a Rosell y 3,8 millones a Bartomeu.  Al igual que el fiscal, la Abogacía del Estado acusa a Bartomeu y Rosell de haber participado en el fichaje supuestamente fraudulento de Neymar, por el que el club dejó de pagar a Hacienda 13 millones de euros en esos tres años.  El fiscal detallaba en su escrito de acusación los contratos que se firmaron para conseguir fichar un año antes a Neymar, algunos de ellos disfrazados con otros conceptos, de manera que la contratación del jugador costó finalmente al club un total de 83,3 millones de euros frente a los 57,1 millones que declaró el Barça en sus cuentas, a lo que se sumaría la cantidad defraudada a Hacienda, 13 millones de euros.  Según el fiscal, Rosell y Bartomeu acordaron en 2013 con el entrenador del Barcelona anticipar el fichaje del brasileño a ese mismo año (estaba pactado para un año después por 40 millones de euros), lo que derivó en todos los sobrecostes, que se simularon con diferentes contratos.