Competencia pide criterios objetivos
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) considera que el reparto de los ingresos procedentes de los derechos audiovisuales del fútbol debería tener en cuenta criterios objetivos y verificables, como la recaudación en abonos y taquilla de los clubes, y no en la implantación social.
Competencia entiende, además, que los ingresos obtenidos por los clubes deberían dedicarse obligatoriamente a pagar las deudas contraídas con la Administración.
La CNMC ha publicado hoy su informe sobre el proyecto de Real Decreto-Ley que establece el nuevo mecanismo de reparto, que el Consejo de Ministros aprobó el 30 de abril.
Competencia, que elaboró el informe antes de que el Gobierno aprobara la norma, señala que el nuevo modelo presenta ventajas -como una mayor eficiencia, la comercialización de una marca global del campeonato o la solidaridad financiera entre los equipos- pero incluye varias observaciones desde el punto de vista de la competencia. Algunas de ellas fueron incorporadas al texto definitivo pero otras, no.
Entre las no incorporadas figura la conveniencia de primar los criterios objetivos en el reparto de los ingresos para garantizar unos incentivos adecuados para los clubes.
En vez de criterios de "implantación social" evaluados a partir de estudios de mercado, como plantea la norma, la CNMC aboga por variables objetivas y verificables como la recaudación en abonos y taquilla.
Competencia reclama también que la recaudación obtenida por el reparto de los derechos audiovisuales se dedique "de forma obligatoria, preferente y en un plazo perentorio" a saldar las deudas de los clubes con las Administraciones Públicas.
El informe recomienda que las compensaciones de los clubes a la Liga de Fútbol Profesional y a la Federación Española se guíen por el criterio de costes para que no se incentive una menor eficiencia.
Otra de las observaciones no incorporadas al Real Decreto-Ley cuestiona el fondo de compensación para los equipos que descienden de categoría, porque podría alterar la competencia económica y deportiva.
Según la CNMC, la nueva norma sí recoge algunas de sus recomendaciones, como la duración máxima de los contratos de explotación de los derechos audiovisuales, que se ha fijado en tres años.
El Gobierno también ha tenido en cuenta el consejo de la CNMC de evitar que un sólo operador acapare los derechos de los diferentes productos audiovisuales comercializables.
